SANTO DOMINGO, RD.- El caso del niño de 10 años de edad que fue raptado, abusado sexualmente y asesinado por un hombre de 57 años, que ya habría cumplido condena de 15 años por agredir a otro menor, genera ronchas en el Congreso Nacional.
Senadores y diputados piden una mayor supervisión estatal, social y de la familia para personas reincidentes, pero, además, aclara más las razones por la que se impuso en el nuevo Código el aumento de condena y la pena acumulada..
El caso de Yostin, un niño violado y posteriormente asesinado en Santo Domingo Este, reaviva el debate sobre la vigilancia a los depredadores sexuales.
La liberación de José Antonio Glass, señalado como el presunto responsable, reveló una grieta peligrosa sobre los agresores sexuales que cumplen condena, recuperan la libertad y regresan a las calles sin ningún tipo de control ni seguimiento estatal.
En el Congreso Nacional la indignación ha sido generalizada. Algunos se van más lejos y piden la castración para los violadores.
A pesar del inminente riesgo de reincidencia y los reclamos de mayor control para proteger a la niñez, actualmente en República Dominicana no existe un registro ni un sistema de supervisión para ofensores sexuales con condena.
El nuevo código penal lo establece en su artículo 68.
Art. 68.- Los tribunales correccionales conocerán, conformándose a las disposiciones de los dos artículos anteriores, de las causas que se formen contra los menores de diez y seis años, cuyos cómplices presentes no tuvieren más edad que ellos siempre que los
delitos de que estén acusados no tengan señalados por la ley, las penas de treinta años
de trabajos públicos, de trabajos públicos o de detención.
Art. 69.- En todos los casos en que el menor de diez y seis años no hubiere cometido
sino un simple delito, la pena que contra él se pronunciará no podrá elevarse a más de la mitad de aquella a que hubiera podido ser condenado si hubiera tenido diez y ocho años.
Asimismo establece que los tribunales pueden imponer medidas de seguimiento sociojudicial a los condenados para facilitar su reinserción social. Ese registro se comenzará a implementar en el 2026.