El no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, dos de los principales imputados en el escándalo de corrupción Calamar, se resume como otra lección para la Procuraduría General de la República. Con todo el ruido que se hizo sobre la investigación, que comenzó con la detención y prisión de los encartados, con lo menos que debía contarse era con documentos, y no simples indicios, que evidenciaran de manera irrefutable la participación de los exfuncionarios en la supuesta trama que estafaría al Estado con más de 41 mil millones de pesos.