En nuestro país existe la tendencia normativa de imponer prohibiciones con una ligereza que debería llamarnos a preocupación. En la inmensa mayoría de los casos, las actividades que se buscan prohibir involucran derechos fundamentales que no pueden ser prohibidos por normativa y que, en la mayoría de los casos, los factores negativos que justifican la prohibición pueden ser subsanados con la exigencia de más transparencia.