Santo Domingo.– La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) aclararon de manera categórica que las recientes modificaciones al artículo 21 de la Ley 176-07 no eliminan las sanciones por incumplimiento de la normativa presupuestaria municipal, como algunas publicaciones recientes han sugerido.

Mediante un comunicado conjunto, los presidentes de ambas entidades, Nelson Núñez (Fedomu) y Víctor D’Aza (LMD), explicaron que lo aprobado por el Senado no despenaliza la falta ni elimina el régimen de consecuencias. Por el contrario, las sanciones se aplicarán conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en el nuevo Código Penal Dominicano, que contempla expresamente la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.

Ambos líderes enfatizaron que cualquier interpretación que indique lo contrario carece de sustento jurídico y contribuye a generar confusión sobre el verdadero alcance de la reforma.

La federación y la liga señalaron que esta actualización legal no representa un debilitamiento de los principios de transparencia, control y rendición de cuentas. Los gobiernos locales continúan plenamente sujetos al marco constitucional, a las leyes de administración pública, a los órganos de control del Estado y al escrutinio ciudadano, pilares esenciales de la buena gobernanza y de la autonomía municipal responsable.

Asimismo, destacaron que la modificación también responde a la necesidad de readecuar los topes presupuestarios, armonizando el régimen financiero municipal con la lógica del Presupuesto General del Estado. Esto permite una mayor coherencia normativa y una aplicación más realista del marco presupuestario a nivel local, favoreciendo la planificación financiera y proporcionando herramientas más acordes con el funcionamiento operativo de los ayuntamientos.

De acuerdo con Fedomu y LMD, la revisión del artículo 3 de la Ley 75-25 y su articulación con la Ley 176-07 fortalece la seguridad jurídica y contribuye a una gestión municipal más equilibrada y eficiente, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y responsable.

En conclusión, las reformas buscan garantizar un marco legal más coherente para los gobiernos locales, sin afectar la capacidad de sancionar a los funcionarios que incumplan sus obligaciones legales y financieras.

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