Santo Domingo.- En la madrugada del 8 de abril, el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo se colapsa durante un concierto del merenguero Rubby Pérez. El desastre ocurre justo antes de la Semana Santa y se convierte en una de las peores tragedias no naturales del país.
El número de víctimas supera las 230 personas fallecidas y deja más de 180 heridos.
Entre los muertos figuran el propio Rubby Pérez, el exlanzador de las Grandes Ligas, Octavio Dotel, Tony Blanco Cabrera, exbeisbolista dominicano también con experiencia en la MLB. Martín Polanco, diseñador de moda dominicano y Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi
Inmediatamente después del colapso
El gobierno y cuerpos de emergencia realizan intensas labores de rescate, que luego se convierten en recuperación de cuerpos tras agotarse las posibilidades de encontrar sobrevivientes.
El presidente Luis Abinader declara tres días de duelo nacional por la magnitud de la tragedia.
Se presenta la primera demanda contra los dueños del Jet Set (Espaillat y otros) por homicidio involuntario y otros cargos, buscando responsabilidad civil y criminal.
Durante abril y mayo, múltiples demandas y querellas se multiplican contra los dueños y la administración del lugar.
El gobierno comienza programas de asistencia social para las familias afectadas, incluyendo ayuda económica, psicológica y apoyo a los huérfanos.
Se identifica que Jet Set operaba sin permisos de varias instituciones estatales (Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento, Medio Ambiente, Vivienda) desde hacía décadas.
Se recopilan peritajes, testimonios y se inicia la investigación formal sobre las causas estructurales del colapso.
Los propietarios del Jet Set Antonio y Maribel Espaillat son detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público tras ser interrogados sobre su responsabilidad en el colapso.
Los hermanos enfrentan cargos de homicidio involuntario por presunta negligencia en mantenimiento y seguridad.
Más tarde en junio, el tribunal establece medidas de coerción: garantía económica, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, pero sin orden de prisión preventiva inmediata.
Julio – Agosto 2025 — Retrasos y apelaciones
La Fiscalía y familiares de víctimas presentan apelaciones contra las medidas impuestas, argumentando que son insuficientes dada la gravedad del caso.
Para agosto, el proceso judicial aún no ha avanzado a una sentencia o juicio definitivo, generando frustración entre afectados y observadores por la lentitud en impartir justicia.
También se reportan irregularidades procesales y denuncias por falta de transparencia en audiencias y decisiones judiciales.
Noviembre 2025 — Acusación formal
El Ministerio Público presenta acusación formal y solicita la apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por su participación en el colapso fatal.
Finales de 2025 — Situación actual
El caso entra en una fase preliminar rumbo al juicio de fondo, donde se evaluarán evidencias, peritajes y testimonios acumulados.
A pesar de los avances investigativos y la acusación,aún no hay sentencia definitiva ni resolución completa que culmine el proceso judicial.
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