La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) depositó ante la Cámara de Diputados un documento con 14 observaciones clave al Proyecto de Ley Orgánica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerar que la iniciativa presenta debilidades que deben corregirse para evitar vulneraciones a derechos fundamentales.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el proyecto debe eliminar ambigüedades que podrían dar lugar a prácticas contrarias a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, y subrayó la necesidad de que la normativa se aleje de cualquier “rastro autoritario”.
La entidad enfatizó que toda recolección de datos personales o solicitud de información a entidades privadas, financieras y de telecomunicaciones debe realizarse de forma casuística y con autorización judicial previa, rechazando el acceso indiscriminado a este tipo de información por parte del órgano de inteligencia.
FINJUS también planteó que el DNI debe estar sujeto a mecanismos de control y rendición de cuentas más amplios, proponiendo que, además de responder al presidente de la República, sea fiscalizado por una comisión bicameral del Congreso Nacional, como garantía de respeto a los derechos humanos.
En el plano administrativo, la fundación se opuso a que el DNI quede totalmente exento de la Ley de Compras y Contrataciones, sugiriendo que las excepciones se limiten únicamente a asuntos estrictamente vinculados a la seguridad nacional.
Asimismo, Castaños Guzmán subrayó la importancia de proteger el secreto profesional y las fuentes periodísticas, advirtiendo que el proyecto no puede desconocer la legislación vigente sobre protección de datos personales.
Finalmente, FINJUS alertó sobre una posible invasión de funciones del Ministerio Público, por lo que propuso que la ley obligue al DNI a remitir de inmediato a la Procuraduría General de la República cualquier hallazgo de hechos con indicios penales, además de establecer un régimen de responsabilidad penal para los agentes que actúen al margen de la ley.
La entidad reiteró que un sistema de inteligencia moderno debe fortalecer la seguridad del Estado sin sacrificar las libertades públicas ni el Estado de derecho.
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