Santo Domingo.- Heidi Mariela Pineda Perdomo, esposa de Manuel Enrique Ovalle Tapia, integrante del Movimiento OLA, aparece como propietaria de la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L., señalada por el Ministerio Público como parte de un esquema de irregularidades que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa). Aunque la investigación identifica a Ovalle Tapia como quien manejaba realmente la compañía, es Pineda Perdomo quien figura legalmente al frente de la misma.

Durante la noche del jueves, Pineda Perdomo admitió su participación en los hechos y se acogió a colaborar con las autoridades en el caso. La acusación sostiene que a través de esta empresa se realizaron gastos injustificados, incluyendo la compra de un reloj Rolex Daytona valorado en US$83,000, presuntamente destinado al imputado Santiago Hazim.

Según la solicitud de medidas de coerción, Flavorheart fue incorporada al programa “Senasa Cuida de Ti”, encargado de suplementación nutricional para niños y adultos. Aunque inicialmente debía atender a 55,741 afiliados, el proyecto terminó registrando 350,545 beneficiarios, una expansión que, de acuerdo con la Unidad de Antifraude de la Contraloría, no tuvo control ni supervisión.

El Ministerio Público destaca que la empresa firmó su contrato con Senasa el 22 de julio de 2021, pese a no contar con licencia para servicios de consultoría en atención primaria, y que solo un mes antes había obtenido un certificado de distribuidora del Ministerio de Salud Pública. La falta de supervisión permitió, según las autoridades, que se desviaran RD$272,970,562.69 destinados al programa.

En total, Flavorheart recibió pagos que ascienden a RD$1,606,924,076.95, cifra señalada como parte del fraude. Informes de Sisalril revelaron que el suplemento nutricional utilizado era importado desde Europa sin los registros sanitarios completos, y que no existe evidencia de su impacto en la salud de los afiliados.

Además, se identificaron múltiples fallas: ausencia de indicadores de resultados, falta de trazabilidad clínica, debilidades en la documentación de contratos y adendas, infraestructura insuficiente para ofrecer los servicios, y monitoreo ineficaz por parte de Senasa.

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