Una medida arbitraria contra la Doctora Cesarina Trinidad Segura.

La acción de cancelar a una joven profesional de la medicina, cae en lo anti- ético como medida administrativa desde la perspectiva disciplinaria, moral y legal. Un director de salud debe actuar bajo principios de: Imparcialidad. Equidad y Profesionalismo. Se podría considerar como una discriminación por motivos políticos e ideológicos.

Excluir a una profesional por su afiliación o no afiliación política ha de considerarse como una acción absurda, contraria a los valores del servicio público.

Desde el derecho laboral y administrativo En la mayoría de países, las leyes establecen que:

La afiliación política no puede ser criterio para contratar, despedir o sancionar a un profesional cualquiera y mucho menos del área de la medicina.

La discriminación política está prohibida y el hecho se puede constituir, como un acto propio de abuso de autoridad, discriminación laboral, violación a los derechos civiles y desvío de poder en la administración pública.

Desde la perspectiva de gestión en salud

Las decisiones en instituciones sanitarias, deben basarse en competencias profesionales, méritos,
desempeño, necesidades del sistema de salud y otros. Usar criterios políticos socava, la calidad de la atención médica,
confianza en la gestión pública y la
motivación en el clima laboral.

Sin emitir juicios sobre personas específicas, una acción así se podría considerar, repito, como discriminatoria y
contraria a la ética profesional, incompatible con el deber de neutralidad del funcionariado público.

La profesional puede acudir al Ministerio de Justicia e interponer un recurso administrativo o judicial por discriminación o trato arbitrario. Como también requerir apoyo en el colegio médico.