Santo Domingo. — La comunicadora Patricia Pérez Díaz calificó como “un atentado contra los intereses de los trabajadores” la propuesta de modificación al Código Laboral sometida por la diputada Carmen Ligia Barceló, la cual busca establecer un tope máximo de seis meses en el pago de la cesantía.
Durante su participación en el programa “La Opción de la Mañana”, Pérez Díaz afirmó que la legisladora “está representando los intereses del empresariado y no los de los trabajadores”, al hacerse eco de una solicitud impulsada por el sector privado.

“Esta dama, hermosa e inteligentísima, lamentablemente está atentando contra los intereses de los trabajadores. Su proyecto plantea que, sin importar que una persona tenga 10 o 20 años laborando, el pago de cesantía no supere seis meses”, expresó la comunicadora.
Pérez Díaz recordó que el tema de la cesantía continúa siendo el principal punto de conflicto que mantiene estancada la aprobación de la reforma al Código Laboral dominicano. “Si no fuese por ese aspecto, hace rato que el Código ya habría sido promulgado y actualizado conforme a este tiempo”, dijo.
La comunicadora reconoció que algunas microempresas podrían requerir un tratamiento especial en cuanto al pago de la cesantía, pero enfatizó que la propuesta de Barceló “no responde a esa realidad”, sino a los intereses del “macroempresariado que busca reducir el pasivo laboral”.
“Los empleadores no están pensando en las pequeñas empresas; están pensando en macro, en cómo limitar la cesantía o convertirla en una especie de seguro de desempleo para pagar menos”, apuntó.
Pérez Díaz defendió el principio de indemnización establecido en el artículo 80 del Código Laboral, que contempla el pago de prestaciones al trabajador despedido sin causa justificada. “La cesantía es un derecho que protege a quien ha cumplido con su trabajo y es despedido sin haber cometido falta alguna. Es un derecho que debe ser intocable”, afirmó.
Finalmente, advirtió que muchos empleadores recurren a los tribunales para evadir el pago de las prestaciones, lo que prolonga los procesos judiciales y perjudica a los trabajadores. “A veces quieren engañar al empleado y el tiro les sale por la culata, pero esos casos duran años. Hay una intención clara de retener lo que no les corresponde”, subrayó.