Santo Domingo.-El abogado Amadeo Peralta denunció este lunes que ha recibido presuntas amenazas por parte del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fausto Domínguez, debido a los conflictos legales relacionados con terrenos en Punta Rucia, Puerto Plata. Por esta razón, solicitó la intervención directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

“Pido formalmente a Yeni Berenice que intervenga. Ella sabe quiénes son los delincuentes involucrados. También llamo a Wilson Camacho a someter a todos esos ladrones, incluyendo los abogados que están participando en esta mafia”, solicitó Peralta.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Peralta afirmó que Domínguez es ampliamente conocido en la zona y que este tiene antecedentes judiciales relacionados con el mismo caso.

“Ese diputado, todo el mundo lo conoce. La Procuraduría lo ha sometido dos veces por delitos graves en Punta Rusia y, aun así, sigue operando bajo un manto de impunidad”, expresó.

El abogado aseguró que cuenta con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre el denominado “fraude de Punta Rucia”, las cuales según dijo concluyen que existe una estructura que involucra a jueces, fiscales y políticos dedicada al despojo ilegal de tierras. “La investigación es pública, ahí están los nombres y apellidos”, subrayó.

Denuncias de persecución y campaña de descrédito

El jurista explicó que desde el pasado sábado es víctima de una campaña sucia en redes sociales con el objetivo de desacreditarlo y forzarlo a abandonar los procesos judiciales que representa en nombre de los propietarios de los terrenos.

Asimismo, relató que ha recibido presiones, propuestas económicas y amenazas para que renuncie al caso:

“Me han ofrecido que entregue la mitad de los terrenos o que abandone la defensa. También me han dicho que si no cedo, me meten preso o me eliminan del camino.”

Agresiones contra extranjeros en Punta Rucia

Peralta recordó el caso de la ciudadana estadounidense Anabela Starness y su esposo, quienes, según denunció, fueron agredidos físicamente por una supuesta banda vinculada al diputado Domínguez cuando intentaban testificar ante las autoridades. Señaló que la Procuraduría presentó una instancia judicial por este hecho, pero que el proceso ha sido frenado.

Cuestionamientos a la impunidad

Durante la entrevista, el abogado criticó fuertemente la falta de acción del Ministerio Público pese a que según afirmó las investigaciones oficiales están concluidas. También cuestionó el silencio del PRM y de sus dirigentes provinciales sobre las acusaciones.

“Aquí hay gente que se mete a diputada para garantizarse impunidad. Si uno de ustedes golpea a una señora de 76 años, lo meten preso, pero hay políticos que lo hacen y no pasa nada.”

Sobre el fraude en Punta Rucia

Peralta sostiene que el fraude inmobiliario abarca al menos seis parcelas que suman alrededor de 930 tareas de tierra, incluyendo zonas de playa en Punta Rucia y La Ensenada. Asegura que todos los títulos de propiedad emitidos provienen de documentos falsos diseñados para despojar a los legítimos propietarios.

Sobre la orden de arresto

Amadeo Peralta rechazó la validez de la orden de arresto que, según explicó, se pretende ejecutar en su contra.

“Esa orden carece de validez. Bueno, que la lleven al Vaticano para que la santifiquen, porque si el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, ya decidió que ese caso está prescrito, entonces no tiene razón de ser”, afirmó.

El abogado sostuvo que se trata de un proceso del año 2006 y que, conforme a la ley, ha prescrito hace mucho tiempo.

“Todo el que es abogado lo sabe: si fue una decisión del 2006, en el 2025 eso está prescrito diez veces”, subrayó.

Peralta afirmó que en los próximos días esa decisión judicial debería ser suspendida, ya que según dijo una cosa es intentar hacer las cosas de forma oculta retorciendo la ley, y otra muy distinta es cuando el caso se convierte en un escándalo público.

Finalmente, el jurista señaló que la medida fue emitida por un juez de un tribunal de Puerto Plata, pero advirtió que ninguna decisión de un tribunal ordinario puede estar por encima de un fallo del Tribunal Constitucional en un Estado donde prevalezca el orden jurídico.

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