Balcácer aseguró que el órgano acusador “no fue objetivo” al presentar su solicitud, y señaló que la jueza no acogió la versión del Ministerio Público de que las víctimas fueron ejecutadas. El jurista destacó que el expediente incluye fotografías de tres vehículos de las víctimas donde se ocuparon ametralladoras UCI, fusiles de alto calibre, una pistola .45 y un policía herido, lo que demuestra, según él, que hubo resistencia armada y que corresponde investigar si se trató de un caso de legítima defensa.
Agregó al momento de llegar a la audiencia de conocimiento de medida, que varios de los proyectiles corresponden a armas que no estaban en poder de los agentes, dice abogado.
El abogado añadió que la jueza actuó correctamente al imponer prisión preventiva solo a cuatro agentes, ya que el expediente muestra indicios de un enfrentamiento, no de una ejecución premeditada. Asimismo, cuestionó los resultados de las experticias balísticas, explicando que solo uno de los proyectiles analizados coincide con un arma bajo control de los agentes, mientras que varios proyectiles corresponden a armas que no estaban en poder de los acusados, sino supuestamente de civiles o terceros.
Balcácer enfatizó que ahora corresponde determinar si los hechos se desarrollaron en un estado de legitimidad, recordando que la ley faculta a los agentes a repeler una agresión cuando su vida está en riesgo. También instó al Ministerio Público a realizar una investigación profunda y equilibrada que clarifique todas las circunstancias del caso.
