Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana reiteró su compromiso con un manejo prudente, eficiente y proactivo de la deuda pública, lo que ha fortalecido la confianza de los mercados internacionales y mejorado la percepción de riesgo del país. Esta estrategia, acompañada de una sólida disciplina fiscal, ha permitido reducir la relación deuda pública (SPNF)/PIB de un 56.9 % en 2020 a 46.9 % en agosto de 2025, a pesar de un contexto global marcado por alta volatilidad.
Este comportamiento descendente contrasta con la tendencia de muchos países de la región y refleja el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, el uso eficiente del financiamiento y la protección de la estabilidad macroeconómica del país.
Desde 2020, todas las principales agencias calificadoras de riesgo han tomado acciones positivas sobre la calificación soberana de República Dominicana. En 2022, S&P Global mejoró la calificación a BB- positiva y luego a BB estable. En 2024, Fitch Ratings ratificó la calificación en BB- positiva, destacando el avance hacia el grado de inversión. En 2025, Moody’s Ratings elevó la calificación de Ba3 a Ba2, tanto en moneda local como extranjera, y cambió la perspectiva de positiva a estable.

Estas mejoras han sido impulsadas por el buen desempeño económico, el fortalecimiento de la gobernanza, y políticas públicas centradas en la transparencia y el manejo responsable de la deuda.
En los mercados internacionales, la República Dominicana mantiene una posición destacada, con un riesgo país de 219 puntos básicos, según el Emerging Market Bond Index (EMBI), ubicándose entre los países de menor percepción de riesgo en América Latina.
La estrategia de manejo activo de pasivos ha priorizado la extensión del perfil de vencimientos, reduciendo presiones de refinanciamiento a corto plazo, y la optimización del costo promedio de financiamiento, aprovechando condiciones de mercado favorables. Estas acciones han permitido una mayor previsibilidad presupuestaria y un perfil de deuda más resiliente ante posibles shocks externos.
El compromiso con la sostenibilidad fiscal también se refleja en la promulgación de la Ley No. 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que establece un marco legal para una gestión fiscal transparente y sostenible. La normativa incluye reglas sobre el gasto primario, la creación de una ancla de deuda, y alinea las políticas fiscales dominicanas con las mejores prácticas internacionales.
En el ámbito del financiamiento sostenible, el país realizó en 2024 su primera emisión de Bonos Verdes Soberanos por US$750 millones, con vencimiento en 2036 y una tasa de 6.6 %, 15 puntos básicos por debajo de bonos convencionales similares. Esta emisión recibió una sobredemanda seis veces superior al monto ofertado, reflejo de la confianza de los inversionistas en la política económica y en el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad ambiental, social y fiscal.