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Gobierno iniciará plan para retirar armas ilegales y facilitar renovación de licencias

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Santo Domingo.- La Fuerza de Tarea Conjunta anunció este lunes 29 de septiembre el inicio de un plan de acción a partir de octubre para retirar de circulación armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.

Las acciones se enmarcan en el Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz, y priorizarán las zonas donde el uso de armas está más relacionado con homicidios y conflictos sociales.

Como parte del operativo, el Ministerio de Interior y Policía implementará un periodo de gracia especial entre octubre y diciembre, según la resolución MIP-RR-0008-2025, que permitirá a los ciudadanos con licencias vencidas renovarlas en condiciones más accesibles.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la reunión número 109 de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. Raful explicó que estas medidas buscan reforzar la aplicación de la Ley 631-16, orientada a prevenir el uso indebido, desvío y tráfico de armas de fuego.

“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, señaló la ministra.

Homicidios y estadísticas

La ministra también informó que la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 es de 8.1 por cada 100 mil habitantes, con 25 demarcaciones en un solo dígito y 9 en dos dígitos. Entre estas últimas, Dajabón y Azua registran tasas de 10.7 y 10.8 respectivamente.

Reformas legales

Raful recordó además que el nuevo Código Penal incluirá la creación de un registro de agresores sexuales, bajo responsabilidad del Ministerio Público, como parte de los trabajos legislativos impulsados por la Fuerza de Tarea.

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana, reducir la violencia armada y avanzar hacia un mayor control de armas en las comunidades más afectadas.

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