SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las amenazas de sometimiento a la justicia por supuesta difamación contra su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, anunciadas por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
El conflicto surge luego de que ADOCCO acusara a Ortiz Bosch de prevaricación al ordenar el archivo de una denuncia presentada en octubre de 2023 contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, por supuestamente ocultar en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una empresa familiar que adquirió un inmueble valorado en RD$31 millones durante su gestión.

La organización advirtió que no se dejará amedrentar y que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que impidan cualquier acción considerada abusiva del poder. “Esperaremos el sometimiento con la misma responsabilidad con la que acusamos”, afirmó ADOCCO en un comunicado.
La entidad explicó que, tras el archivo de la denuncia en DIGEIG, presentó el caso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Según detalló, la empresa Constructora Playa Morón, vinculada a la esposa e hija del exministro, fue constituida en 2022 y en septiembre de ese mismo año adquirió terrenos en Las Terrenas, Samaná, por más de 31 millones de pesos. ADOCCO sostiene que el valor real de la propiedad supera los US$4 millones, y que los ingresos reportados por Hernández y su esposa no justifican dicha compra.
La organización considera que la omisión de este activo en la declaración jurada de bienes de Hernández constituye una violación a la Ley 311-14 sobre declaraciones patrimoniales, así como a la Ley 155-17 contra el lavado de activos. En ese sentido, solicitó al Ministerio Público formalizar una investigación penal contra el exfuncionario y sus relacionados.