Santo Domingo, RD. – El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional y anuló la Ley 396-19, que regulaba los embargos sobre bienes muebles e inmuebles.
Tras la sentencia, senadores aseguraron que en los próximos días realizarán los ajustes necesarios para acatar la decisión.
El fallo establece que la ley fue aprobada sin cumplir los procedimientos requeridos y critica que las incautaciones fueran ejecutadas por el Ministerio Público en lugar de un juez, lo que vulnera el principio de separación de poderes y el derecho a la tutela judicial efectiva.

El TC exhortó al Congreso Nacional a emitir una nueva ley que subsane los aspectos de inconstitucionalidad formal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Constitución.
En ese sentido, legisladores adelantaron que trabajarán en enmendar los errores detectados. La corte otorgó un plazo de dos años para que el Congreso redefina los elementos inconstitucionales y presente una nueva normativa que regule adecuadamente la ejecución de embargos.